Nosotros, Antanas Mockus, Enrique Peñalosa, Luis Eduardo Garzón, Marta Lucía Ramírez y Sergio Fajardo, sentimos el deber de dar a conocer a la ciudadanía nuestra opinión sobre la reforma política que cursa en el Congreso de la República.

Esta reforma constitucional se ha presentado a los colombianos como la norma que sancionará y pondrá punto final a las relaciones entre la política y los grupos armados al margen de la ley. Así mismo, se ha sostenido que fortalecerá los partidos. Sin embargo, de ser aprobada esta iniciativa, no sólo se perpetuarán en el poder las prácticas más severamente cuestionadas en la historia reciente del país, sino que se destruirán los derechos de las minorías políticas y se fortalecerá la politiquería. Sustentamos estas afirmaciones con los siguientes argumentos:

1. Al no contemplar sanciones severas para los partidos y sus miembros que tengan relación con grupos al margen de la ley, pese a que éste fue su objetivo inicial, la reforma no incrementa de manera suficiente la responsabilidad política de las colectividades frente a las actuaciones de sus miembros, ni establece sanciones drásticas contra los directivos que otorguen avales a personas cuestionadas. Las sanciones son mencionadas en un solo párrafo y su reglamentación se deja en manos de una ley que se deberá tramitar posteriormente. Debe recordarse que más allá de la responsabilidad jurídica, que es individual, los partidos deben pagar un costo político cuando alguno de sus miembros se comporte indebidamente.
2. Los aumentos de umbrales de votación, tal y como se proponen en la reforma, contradicen el espíritu pluralista de la Constitución y enquistan en el sistema político elementos de exclusión y no renovación.
3. El Congreso se rehusó a aprobar la propuesta de hacer obligatorias las consultas populares para elegir los candidatos de cada partido. De esta manera, se deja abierta la puerta para que los líderes políticos que no cuentan con el beneplácito de los directivos de su colectividad queden por fuera de la disputa electoral, así cuenten con amplio respaldo popular. Con ello, se excluye la participación ciudadana en el proceso de selección de aspirantes y se facilitan los procesos de decisión basados en negociaciones burocráticas.

4. Se constitucionaliza el transfuguismo político al establecerse un artículo transitorio que permite a los Congresistas cambiarse de colectividad por una sola vez, sin la necesidad de renunciar a su curul.

5. El Congreso no le quiso apostar a la igualdad de género, al declinar la propuesta que buscaba exigir una participación mínima del 30% de cada género en la composición de cualquier lista postulada a una corporación pública.

6. Se prohíben las coaliciones entre grupos significativos de ciudadanos y partidos y movimientos con personería jurídica. Con esta medida, se atenta contra el principio de igualdad y se propina un duro golpe a los proyectos políticos independientes, los cuales son altamente representativos, en tanto expresan la voluntad de una gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos firmantes. Cabe recordar que muchas de estas organizaciones obtuvieron más apoyo electoral que varios de los congresistas actuales.

7. Se rompe el principio de igualdad en perjuicio de las minorías étnicas, ya que a los partidos de las circunscripciones especiales indígena y afrodescendiente se les exigen requisitos adicionales para postular candidatos, que no cobijan a las organizaciones políticas tradicionales.

8. De manera absurda, la reforma prohíbe que Diputados, Concejales y Ediles se postulen al Congreso, con lo cual se bloquea la renovación política, se impide que quienes vienen haciendo un buen trabajo en el nivel local lo amplíen desde la esfera nacional en beneficio de sus regiones, se niega el derecho ciudadano a elegir y ser elegido y se perpetúa el statu quo del actual Congreso, caracterizado por un estilo de hacer política clientelista, puestero, y de maquinaria, el cual quiere ser dejado atrás por la ciudadanía e, incluso, por muchos de los actuales legisladores.

9. Afortunadamente, la Cámara de Representantes archivó el artículo que buscaba modificar la forma de elección del Registrador Nacional del Estado Civil. Con ello, se evitará que este funcionario se deba a las mayorías parlamentarias, garantizando así la imparcialidad en las elecciones del año 2010.

Por las razones expuestas convocamos a la sociedad colombiana, para que exija el respeto de los principios rectores del Estado Social de Derecho y para que ejerza su legítimo derecho a obtener de sus representantes normas transparentes y útiles para la democracia y los genuinos intereses del país.

Así mismo, recordamos que, infortunadamente, los partidos políticos y el Congreso de la República gozan de escasísima reputación entre los colombianos. Y por ende, nos preguntamos si los actuales miembros del Parlamento y, en particular, si los Senadores de la República -quienes deben decidir ahora sobre la materia- desean perpetuar esta imagen tan negativa aprobando una reforma política que socava la legitimidad de las instituciones y muestra oídos sordos ante los clamores ciudadanos. Así pues, hacemos un llamado público para que en los dos últimos debates de este proyecto de acto legislativo los congresistas interpongan su sentido de historia y su vocación de servicio público sobre el ánimo egoísta de perpetuar una forma odiosa y excluyente de hacer política.