El panorama laboral argentino sigue siendo tan crítico que hasta el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no puede maquillar totalmente su realidad. El organismo, de perdido prestigio, sostiene que el empleo informal (mal llamado "en negro") se redujo en 0,9 por ciento, pero reconoce que esa disminución no es causada por la reactivación de la economía –afirmación que hubiese sido considerada como un exceso de maquillaje– sino, de manera más simple y dramática, porque en los últimos 12 meses crecieron los despidos.

Si se despide a quienes se resignan a trabajar en la informalidad, sin percibir una remuneración justa, sin recibir cobertura alguna en materia de accidentes de trabajo, sin tener posibilidad de cobrar indemnización por despido sin causa, sin derecho a vacaciones anuales pagas ni siquiera a francos semanales, se deduce con facilidad que la reciente admisión de los 85 mil puestos de empleos regulares perdidos en los últimos meses pueden ser la punta del iceberg real.

Sigue sin ser fácilmente comprendido el discurso oficial que habla de progresismo y de justa distribución de la riqueza, mientras ciertos datos macroeconómicos diseñan un cuadro de inequidad y explotación que se agrava cuando se plantea la cuestión de género, porque la discriminación opera en fuerte detrimento del ingreso de la mujer.

Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de las Naciones Unidas, a la precariedad del empleo femenino se agrega el hecho de que sus salarios siguen siendo desde 10 a 40 por ciento menores que los de los hombres. La discriminación de género ofrece otro dato por demás expresivo, recogido por el propio Indec: el 46,5 por ciento de las mujeres desempleadas tiene estudios secundarios completos o estudios terciarios o universitarios, cifra que se reduce al 25,8 por ciento en el caso de varones desocupados y con similares niveles educativos.

La extendida dislocación de la estructura familiar ha descargado en decenas de miles de hogares la responsabilidad del mantenimiento económico en el trabajo de las mujeres, que se ven obligadas a aceptar menor retribución y mayor precariedad laboral.

Ya a fines de 2008, es decir cuando la manipulación de su información estadística llevaba casi dos años de rodaje –recordar que comenzó a fines de 2006 con el índice de precios al consumidor (IPC)– la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares del Indec reveló que el ingreso promedio de los hogares porteños y del conurbano era de 1.202 pesos, pero en las familias donde el jefe de hogar es un hombre ingresaban, en promedio, 1.298 pesos por mes, mientras que en las familias encabezadas por mujeres los recursos disponibles sólo ascendían a un promedio de 930 pesos.

El aumento constante de la participación de las mujeres en el mercado laboral informal (en la actualidad, sobre una fuerza laboral de 5,3 millones de personas, el 40 por ciento son mujeres, mientras que en 1985 representaban 33 por ciento de los cuatro millones de activos) supera con largueza en los últimos años a la incorporación de los hombres, lo que se explica en parte por la señalada menor retribución relativa. Pero influye, además, otro factor sintomático: las mujeres deben salir a buscar trabajo para mejorar el ingreso familiar, que se mantiene crecientemente deprimido porque no guarda relación con el proceso inflacionario real, no el que dibuja mes tras mes el Indec.

Según la Cepal, sin el ingreso de las esposas los hogares pobres aumentarían entre 10 y 20 por ciento, porque, en promedio, las mujeres ocupadas aportan entre 28 y 38 por ciento del ingreso total del hogar. Y a esa vital necesidad debe añadirse la señalada dislocación de la institución familiar, que en millares de casos determina que, por ruptura o cese de la unión matrimonial o de pareja, sea la mujer la que quede al frente del hogar.

Harto conflictiva debe ser la realidad socioeconómica del país cuando los datos de la Cepal y del propio Indec la describen así.